Extrema pobreza Daniel-Dardon PDF Imprimir E-mail

EXTREMA POBREZA, DISTRIBUCION DE LOS GASTOS SOCIALES Y SU IMPACTO EN LAS COMUNIDADES  DE CHIAPAS
Daniel Dardón Monzón

RESUMEN
El presente trabajo, responde a un ensayo preliminar de un análisis más amplio, sobre el impacto de las políticas de gasto público, en especial la de gasto social en el Estado de Chiapas 1990-2000.

En primer termino se explica de una manera precisa la importancia del uso de las participaciones, para la distribución de los ingresos en el marco de la política neoliberal que impera actualmente. Se hace un análisis breve de la composición y estructura de los fondos municipales, haciendo referencia a las clasificaciones  y definiciones de ellos, con aportaciones de varios autores.

Dada la importancia del tema, se analiza cómo a través de la a institucionalización legal regulacionista, se manifestó en el origen de la Ley de coordinación fiscal.

Más adelante se hace un estudio de la política fiscal del caso de Chiapas, haciendo énfasis en los últimos años, como un ensayo, que sirva de muestra para un análisis más amplio del problema de la política del gasto social en el Estado. Uno de los objetivos generales es la de aclarar las formas de asignación de los gastos públicos, tanto estatales como federales en los 119 municipios. Por ultimo tomando en cuenta el método estadístico de componente principal y análisis relacional de correspondencia de las variables, se determinaron las formas de distribución de los gastos en las comunidades. Los resultados obtenidos nos muestran que la asignación de recursos  depende  del grado de concentración baja y marginación alta de los municipios, lo que nos confirmó las mismas tendencia de las políticas del gasto público a escala nacional.

Se concluye que la asignación de los gastos, está determinado por lineamientos de políticas coyunturales y no de un programa estructural bien planeado, en ciertos años se ha favorecido a zonas urbanas, sin tratar de resolver los rezagos de marginación imperantes en algunas regiones del país.                                                   

“La libertad que queremos es la nuestra: es la libertad de poder decidir y escoger estando bien informados, poder decidir y escoger quien nos gobierna y poder decidir y escoger qué planes de gobierno aceptamos y cuáles rechazamos. Poder decidir y escoger cómo es que nos vamos a gobernar, cómo nos vamos a organizar, qué trabajos hay más importantes”.

PUNTO DE PARTIDA

La situación de México, ante las reformas de libre mercado impuestas, en la década de los ochenta,  ha sido profundizada por el actual gobierno, reflejadas en las bajas tasas de crecimiento de la economía. El incremento actual del producto interno bruto (PIB), de 1.1 por ciento, en el último año, es apenas una quinta parte del promedio anual logrado en la década anterior. Además, en las anteriores dos décadas, la tasa promedio de crecimiento de la economía ha sido de apenas 2.3 por ciento al año, mientras que en ese periodo han nacido 20 millones de mexicanos condenados a vivir en una sociedad cada vez más desigual en cuanto a la distribución de la riqueza que genera del país.
La distribución del ingreso en México, empeoró en el periodo comprendido a partir de 1984, precisamente cuando se iniciaron las reformas de libre mercado, cambios que contribuyeron a incrementar la desigualdad en la distribución de la riqueza que genera el país. (Banco Mundial, BM). Por otro lado en la misma fuente, se informó que México ocupaba en 2000 el sexto lugar mundial en desigualdad del ingreso a nivel de hogar y el tercero en áreas urbanas.
La etapa posterior al inicio de las reformas de libre mercado, adelgazamiento del Estado y apertura comercial y financiera -iniciadas en el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988)-, imprimió un menor dinamismo en el crecimiento de la economía, respecto del registrado en las décadas anteriores. De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), entre 1960 y 1969 el producto interno bruto (PIB) de México creció a una tasa anual promedio de 7.12 por ciento, con una inflación de 2.57 por ciento. En la década siguiente, de 1970 a 1979, el PIB tuvo un incremento anual de 5.8 por ciento en promedio, con inflación de 16.02 por ciento, también en promedio anual.
En el periodo comprendido entre 1980 y 1989 la economía creció a una tasa anual de 1.89 por ciento y la inflación fue de 69.73 por ciento al año como promedio. De 1990 a 1995 el PIB se incrementó a una tasa anual de 1.26 por ciento. De 1996 a 2000 lo hizo a un ritmo de 5 por ciento anual y, en los dos primeros años de la administración del actual presidente,  el incremento fue de sólo 0.5 por ciento. Los datos oficiales reflejan que en los pasados 20 años (un periodo que cubre significativamente el establecimiento de las reformas de libre mercado en el país), la tasa de aumento del PIB fue de sólo 2.3 por ciento en promedio, mientras que la inflación tuvo un incremento geométrico, de 9 mil por ciento.
En tanto, las casi dos décadas que comprenden el inicio de las reformas de libre mercado en México, y en el conjunto de América Latina, la distribución del ingreso se ha vuelto más desigual, proceso que indica que la riqueza generada en el periodo, ha beneficiado a los grupos de alto poder económico, sobre todo a los capitalistas externos, en detrimento de las clases pobres y medias. En 1984, de acuerdo con el INEGI, la décima parte de los habitantes más ricos del país detentaban 32.77 por ciento del ingreso nacional. De manera más amplia, en ese año el 30 por ciento de los mexicanos más ricos recibía 61.66 por ciento del total del ingreso disponible en el país. En 1992 la situación se había vuelto más favorable para ese segmento de la población. Los mismos datos del INEGI señalan que 38.2 por ciento del ingreso disponible en ese año se concentraba en la décima parte de la población más acaudalada. Para ese periodo, 65.6 por ciento del total del ingreso estaba en poder del 30 por ciento de los individuos más acaudalados.
El último reporte del INEGI sobre el tema, señala que la desigualdad en el ingreso continuó acentuándose. El 10 por ciento de la población más acaudalada detenta 38.7 por ciento del ingreso total.
En términos de crecimiento del PIB per cápita, las dos pasadas décadas pueden considerarse como perdidas. El Banco Mundial señala que entre 1980 y 1990 este indicador tuvo un decremento de uno por ciento, mientras que en el periodo comprendido entre 1990 y 2000 el aumento fue de 1.4 por ciento. Así, el incremento real en 20 años fue de sólo 0.4 por ciento. La cifra contrasta con lo ocurrido en los años previos al inicio de las reformas económicas. En la década de 1960 a 1969, la tasa de variación del PIB per cápita fue de 3.09 por ciento, en tanto que en el periodo de 1970 a 1979 el incremento alcanzó 3.19 por ciento.
Los resultados de México sólo son un reflejo de lo ocurrido en América Latina, después de las reformas económicas impuestas desde mediados de los años 80 por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial a los gobiernos locales.

GASTO SOCIAL
El crecimiento de la economía en la segunda mitad de la década pasada fue insuficiente para mejorar los indicadores sociales de México, país que se ubica ahora en el penúltimo lugar entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en cuanto a gasto social por persona y en el último sitio en rendimiento educativo, dicha institución, establece que México, la novena economía del mundo y la duodécima nación con mayor volumen de exportaciones, se encuentra sin embargo a la zaga del grupo de los 30 países más desarrollados en cuanto a los beneficios sociales que recibe la población.
Uno de los indicadores considerados clave, por el organismo, para medir el grado de desarrollo de un país es el relacionado con el gasto social, renglón donde México se colocó en el penúltimo sitio del grupo, sólo arriba de Corea del Sur y muy por debajo de la media para el conjunto de las naciones integrantes de la OCDE; indicó que el gasto público para el ramo social en México alcanza 8.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), porcentaje sólo superior al 5.9 por ciento destinado por Corea del Sur, que ocupa el último sitio, e inferior al promedio para las naciones de la OCDE, que es de 20.8 por ciento del PIB. En este apartado, el primer lugar lo ocupa Suecia, con 31 por ciento. Los apoyos públicos, representados por el destino del gasto social a las familias con hijos, entre los países integrantes del organismo representan un promedio de 2 por ciento del PIB.  A este rubro, en México se destina apenas 0.4 por ciento del PIB, el porcentaje es inferior al de naciones con nivel de desarrollo similar, como Irlanda, que canaliza 1.9 por ciento del PIB, la República Checa, con 1.8 o Grecia, que destina 2 por ciento del producto interno bruto. El grupo lo encabeza Dinamarca, con 4 por ciento del PIB.
En México, los indicadores de gasto social no mejoraron en la década pasada respecto de los registros observados en los años 80. Esto, aun cuando la economía mexicana logró entre 1996 y 2000 tasas de crecimiento de PIB de 6.5 por ciento en promedio anual y a pesar de que actualmente la presión de la deuda pública sobre las finanzas gubernamentales es menor que hace 20 años. En términos reales, 23.1 millones de mexicanos están fuera de cualquier apoyo social de parte del gobierno para combatir la pobreza,  se advierte que hay  un aumento de 2.6 millones de mexicanos sin posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas, en los dos años recientes, por el decrecimiento económico del país.
Según autores como, Boltvinik y Damián, cada año crece el número de pobres en 1.3 millones y de ser así, para los dos años recientes de gobierno, ya estamos hablando de 2.6 millones. Explican que los programas están muy a la lógica del esquema neoliberal. Lo único que les interesa es remediar la pobreza extrema, porque existe la idea de que todos debemos tener derecho a participar en el mercado en las mismas condiciones y consideran que sólo aquellos que están dentro de ese parámetro no pueden hacerlo. Sólo que nada más atenúan, no los sacan de su condición y así seguirá mientras se siga en crecimiento económico negativo.

EL FEDERALISMO Y COMBATE A LA POBREZA

Si partimos de que la crisis de 1994, fue un claro reflejo de las limitaciones del modelo de desarrollo y de la política neoliberal. Se trata de una primera crisis de la economía mexicana, que no se puede atribuir a las políticas gubernamentales de un partido único, sino que es el resultado de la incapacidad del modelo neoliberal para suplir eficazmente al modelo sustitutivo de importaciones (Guillén, 2001)
Uno de los problemas que en la actualidad recobra importancia, es el tema de los mecanismos de reparto de gravámenes entre los ámbitos de gobierno que conforman la nación mexicana, es decir, el marco del federalismo. Posiblemente una de las razones del interés creciente del estudio de las relaciones fiscales, conocido como federalismo fiscal, radica en que durante el siglo pasado, el grado de centralización del sector público se ha incrementado.
Hoy con la existencia de fuerzas globalizadoras, como la apertura de las economías, los tratados de libre comercio, la rapidez de los medios de comunicación y las empresas transnacionales, entre otros elementos, manifiestan la tendencia a rebasar los límites de los estados soberanos y están dando origen a la formación de grandes regiones globalizadas. Pero no obstante todo esto, al mismo tiempo ha surgido una corriente de pensamiento que postula que cuando la centralización se da en un grado muy elevado, las ventajas de la descentralización consiguen una superioridad a sus inconvenientes. Por otro lado se acepta que es necesario centralizar, para poder cumplir ciertos objetivos del sector público, como son: la estabilidad económica, la correcta asignación de recursos y la distribución del ingreso.
En México se optó, a principios de siglo, desde el punto de vista jurídico, por un sistema descentralizado, adoptándose una Constitución federal; que sin embargo en la práctica las decisiones políticas, administrativa, económicas y de toda índole responden a un sistema centralizado y esto no únicamente ha tenido consecuencias políticas, sino que también se ha reflejado en un desarrollo económico y social con profundos desequilibrios regionales. (García,1999).La esperanza de vida, los índices de educación y de salud representan grandes contrastes en cada una de las entidades federativas.
La principal característica del sistema de federalismo fiscal en México es la dependencia financiera, una gran descentralización del gasto federal, pero con una centralización de los ingresos fiscales en el ámbito federal (Merino, 1998) Uno de los problemas actuales en la federación es la falta de coherencia en la manera en que se distribuyen los recursos financieros, horizontalmente, entre estados y municipios (Hernández et al. (1997). En la política fiscal mexicana, existen diferentes conceptos programáticos de transferencias, que están establecidos y regulados por el Sistema de Coordinación Fiscal creado en 1980 (Lechner et al. 1996). Uno de los principales, es la del Fondo General de Participaciones (FGP), que depende de recursos recaudados por la federación. Dichos fondos son los transferidos a los municipios, a través de un índice porcentual. Los Fondos de Fomento Municipal (FFM), constituyen una transferencia del gobierno federal a los municipios, trata de recompensar la recaudación local. Por lo que dichos fondos dependen de la recaudación de los municipios, lo que hace que los municipios más ricos tengan mayores porciones de FFM. El fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) se destina precisamente con un criterio redistributivo, inverso al potencial recaudatorio. El cual tuvo su origen en el Programa Nacional de Solidaridad como estrategia de alivio a la pobreza (Rubio et al. 2001)  Del cual se derivó la creación del fondo que está dentro del ramo 33, el Fondo para el Fortalecimiento Municipal, el cual se asigna a los municipios con un criterio poblacional, es decir, se asigna equitativamente en términos por habitante. Sin embargo estos fondos se encuentran más o menos condicionados, lo cual implica que se pueden utilizar de una manera más o menos libre por parte de los gobiernos que los reciben. Además de que las participaciones no tienen uso específico, por lo que no llevan condicionalidad; el FFM, contiene un lineamiento del uso que se le debe dar. Los fondos de inversión pública federal son controlados por las burocracias federales, aunque los gobiernos estatales tienen una frecuente participación en los proyectos federales (Olmedo, 1998)
A pesar de la implementación y control de los programas de combate a la pobreza, una de las contradicciones que se aprecia en ellos es la falta de atribuciones programáticas en las entidades federativas, que ha sido un obstáculo, que se ha opuesto a la consolidación del federalismo, porque no se ha logrado una distribución correcta y planeada de los ingresos percibidos por los estados y municipios (Ordoño, 1995). No es aceptable que un estado pueda recibir el triple de recursos que otro, simplemente porque así ha sido en el pasado o simplemente porque el gobierno del estado en cuestión no tenga una buena relación con el gobierno central, lo que ha generado un desarrollo desigual de las entidades y municipios. Existe una falta de objetivos de asignación social de los recursos en general, provocando conflictos sociales en diferentes entidades, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y como el caso reciente, no resuelto, el del estado de Chiapas. Un estado con altos recursos naturales agrícolas y energéticos, que han sido despojados, por una política colonial interna de los gobiernos federales. Dada esta problemática, el análisis de las formas de distribución del gasto público en los municipios de Chiapas, a través de ver el comportamiento de las variables de gasto, fondos del ramo 33, concentración poblacional de las localidades y su grado de marginación, nos permitió, confirmar la estructura y forma de distribución de ellos, que están determinados por medidas de concentración poblacional y económica, que no han permitido resolver los problemas sociales imperantes en las regiones con un alto grado de marginación del estado (Rueda, 1998) lo que confirma en el ámbito local, las políticas fiscales distorsionadas de los gobiernos federales, los que obedeciendo a políticas impuestas por los grandes capitales, a través de las instituciones internacionales mencionadas, han rezagado a la economía mexicana  y acentuado la extrema pobreza. El presente estudio, aunque restringido, nos sirve de experiencia, con la utilización rigurosa de los métodos estadísticos, para realizar un análisis más global.
Por lo que respecta a la medición del desarrollo humano, presentado por el informe del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD, 2002). Afirma que a partir de 1999 México se incluye dentro de los países en desarrollo medio, con un índice de desarrollo humano (IDH) de 0.796, ocupando en 2002 el lugar 54 de 173 países. Dicho índice toma en cuenta tres dimensiones básicas para la medición: longevidad, conocimientos y acceso a recursos. Como indicadores de ellas, se toma en cuenta la esperanza de vida al nacer; la tasa de alfabetización, la matrícula escolar y el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. En dicho informe, las estimaciones  del IDH a nivel estatal, nos indica que la región Sur, presenta el índice de desarrollo humano más bajo del país, (la región sur la componen los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán). Según el informe la entidad de la región Sur con más bajos niveles de IDH es el Estado de Chiapas. Por lo que el índice de esperanza de vida (0.7900),  el índice de PIB per cápita (0.6078) y el índice de educación (0.7020) son los índices más bajos del país.

RECURSOS PARA MEDIAR LA POBREZA EXTREMA

Ante la situación de extrema pobreza, es necesario hacer una pequeña acotación, con respecto a los recursos encaminados a resolver los problemas de la pobreza, tanto a nivel mundial como regional, para el caso de América Latina y México. Una de las instituciones mundiales como el Banco Mundial, quién comenzó a otorgar financiamiento para proyectos de educación en 1963,  ha entregado más de 31.000 millones de dólares  en préstamos y créditos, en la actualidad está financiando 158 proyectos de educación en 83 países. En estrecha colaboración con gobiernos nacionales, organismos de las Naciones Unidas, donantes, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros colaboradores, el Banco apoya a los países en desarrollo, supuestamente para alcanzar los objetivos de proveer una Educación para Todos. En otro de los rubros proporciona servicios básicos de salud y nutrición a los pobres; según el Banco, es un elemento decisivo en la lucha contra la pobreza y el fomento del crecimiento económico y aunque en muchos países se han logrado avances, durante los últimos decenios, todavía existen grandes desafíos. De los 11 millones de niños que mueren cada año en los países en desarrollo, alrededor del 70% se debe a enfermedades transmisibles (como neumonía, diarrea, malaria, sarampión y VIH / SIDA) y a la desnutrición. El Banco Mundial dedica un promedio de 1.000 millones de dólares cada año, en nuevo financiamiento para proyectos de salud, nutrición y población en el mundo en desarrollo.
En 1996, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) pusieron en marcha la Iniciativa para los Países Pobres muy Endeudados (PPME), el primer enfoque integral para reducir la deuda externa de los países más pobres y más endeudados del mundo. En la actualidad, 26 países reciben alivio de la deuda por una cantidad que, con el tiempo, se estima que alcanzará los 40.000 millones de dólares. Para el BM, el medio ambiente es un componente esencial en la misión de lucha contra la pobreza. Además de las evaluaciones ambientales y las políticas de salvaguardia, la nueva estrategia ambiental se centra en el cambio climático, los bosques, los recursos hídricos y la biodiversidad. En la actualidad, la cartera de proyectos del Banco con objetivos netamente ambientales suma 14.000 millones de dólares. Por otro lado la misma institución afirma, que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo, puesto que actúa como un impuesto a los pobres al desviar los recursos públicos de quienes más los necesitan. Desde 1996, el Banco ha puesto en marcha más de 600 programas contra la corrupción e iniciativas relacionadas con la gobernabilidad en cerca de 100 de los países que recurren a sus servicios. Estas iniciativas van desde la divulgación de su patrimonio personal por parte de los funcionarios públicos, hasta la capacitación de los jueces y la instrucción de periodistas en el campo del periodismo de investigación. Durante los últimos cuatro años, el Banco ha establecido estrictas directrices anticorrupción y para las adquisiciones y una línea telefónica directa para las denuncias de corrupción. Para el caso de México, ante la no existencia de una transparencia en el manejo de los recursos, dichas directrices no llegan a implementarse. Según el informe, en julio de 2002 había compaginado una lista de 77 empresas y personas que no pueden participar en los contratos financiados por el Banco.
Más de dos tercios de los proyectos de desarrollo aprobados por el Banco durante el último ejercicio fiscal, incluyeron la participación activa de organizaciones no gubernamentales (ONG) en su ejecución y la mayoría de sus estrategias de asistencia para los países contó con el beneficio de las consultas a la sociedad civil. El Banco ahora tiene funcionarios que se desempeñan en 70 oficinas alrededor del mundo, las que sirven de puntos de contacto y colaboración con las ONG en una variedad de áreas que se extienden desde la educación hasta el medio ambiente. En la pobreza, según el Banco, es algo más que la falta de ingresos adecuados o incluso de tener un bajo desarrollo humano. La pobreza también significa la falta de participación y de representación y la vulnerabilidad ante el abuso y la corrupción. Es la falta de “libertades básicas de acción”, de elección y de oportunidades.  Que la gente que vive en condiciones de pobreza no debe ser tratada como una carga, sino más bien como un valioso activo de ideas que contribuirá más que nadie a la erradicación de la pobreza. Un enfoque habilitador frente a la reducción de la pobreza pone a los pobres al centro del proceso de desarrollo y crea las condiciones que hacen posible que los hombres y las mujeres pobres logren un mayor control sobre sus propias vidas a través del acceso a la información; la inclusión y la participación, la responsabilidad por sus actos y la capacidad de organización local. Actualmente el Banco está respaldando proyectos de desarrollo impulsados por las comunidades por más de 2,200 millones de dólares.
Con respecto al gasto social en México, según el informe del PNUD, los instrumentos de política social en México, no han conformado un conjunto suficientemente integrado. No existe una concepción clara de seguridad social, que incorpore una gama de derechos para las distintas circunstancias de las personas, así como de instrumentos para atenderlos: desde la nutrición hasta la integración productiva y participativa de las personas a la sociedad. Todavía existen programas centralizados, controlados por el ejecutivo federal, que propician una dispersión en las distintas dependencias, sin llegar a una coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
Cabe mencionar que en dicho documento, se justifica que el gasto social ha resultado vulnerable ante las fluctuaciones de la actividad económica y ha sido limitado para atender problemas, particularmente frente a los grupos en situación de pobreza. Se afirma que entre 1983 y 1998 el gasto público programable se redujo en 29.2% mientras que el gasto social sufrió una contracción mayor, de 33.1%, además que en repetidas ocasiones la reducción del gasto social ha sido mayor que la del gasto programable. La crisis de mediados de los noventa, ante la necesidad de ajustes al presupuesto, el gasto social se redujo en una mayor proporción que el gasto programable. Dicho análisis, del gasto social, esta elaborado de una manera parcial, sin tomar en cuenta que las políticas fiscales gubernamentales han favorecido a los intereses de los grandes capitales, pago de la deuda externa, rescates bancarios, etc., carentes de contenido social. Justifica de una manera turbia, que el gasto social está cercano a alcanzar un monto similar al de la recaudación tributaria, sin tomar en cuenta el manejo no transparente de otros recursos por parte del gobierno.
Sin hacer referencia a otros recursos de las demás instituciones internaciones y las del gobierno federal, cabe preguntarse ¿dónde quedan esos cuantiosos recursos?. Dado como ejemplo el caso de Chiapas, que después de 10 años de programas de combate a la pobreza, ésta se ha incrementado, como lo muestran los datos de la COESPO, 2001: En 1990 de los 111 municipios originales, 62 de ellos tenían un grado de marginación muy alto y alto; el estrato medio de marginación estaba conformado por 20 municipios; en baja marginación 18; en muy baja 11 municipios. La población habitada por los municipios de muy alta y alta marginación era de 1.23 millones de habitantes; en marginación media 534 mil personas; 469 mil vivían en baja marginación y 982 mil en muy baja marginación. Para el año 2000, de los 111 municipios, 57 son de muy alta y alta marginación, aparentemente hay una disminución, pero de muy alta marginación en 1990 eran 20 municipios y para el 2000 ya eran 32 municipios; en los siguientes grados se mantiene más o menos estable. Si comparamos el número de habitantes, en el primer caso de muy alta y alta marginación, pasó de 1.23 a 1.34 millones de personas.
Como puede observarse, si comparamos el lenguaje de la doctrina de las instituciones internacionales antes mencionadas, son similares a las justificaciones de los programas del gobierno mexicano. Homogenizar a las naciones, romper fronteras para el dominio, económico, social,  político y administrar la pobreza,  son los objetivos de los dictados de la doctrina neoliberal  Este pequeño apunte, nos permite observar, que el que paga manda, ya que a partir de la “ayuda” es como se establecen los lineamientos e imposiciones de la doctrina neoliberal  en los gobiernos de los países de América Latina y el caso del gobierno actual de México.

MICROANÁLISIS DEL GASTO SOCIAL EN CHIAPAS

En primer lugar la investigación se realizó  a través del análisis de trabajos realizados sobre el tema, lo cual nos permitió tener una claridad de los conceptos manejados. Así también se tomó información estadística de las instituciones como INEGI y SNIM. Dada las características de la investigación se consideró como un proceso observacional en la que se tomó como casos o unidades a los 119 municipios, tomando como variables a los gastos 98-99, ramo 033-98-99,  localidades, grado de marginación y población. A las variables numéricas se le dio valores en pesos, para el caso de las variables de localidades y grado de marginación se les dio un valor nominal: media, baja y alta. La variable ramo 33 está compuesta por los Fondos de Fomento Municipal (FFM), que constituyen una transferencia del gobierno federal a los municipios, trata de recompensar la recaudación local y el fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) se destina precisamente con un criterio redistributivo, inverso al potencial recaudatorio. Las variables de localidad se clasifican en localidades de 1 a 99 y 100 a 499 habitantes. La variable grado de marginalidad está tomada como baja mediana y alta, lo mismo para la variable población.
Como el análisis se consideró observacional, se utilizaron las técnicas de componente principal, para obtener las variables más relevantes, así también se utilizaron gráficos de barras y lineales con la finalidad de hacer un análisis preliminar. El análisis de correlación lineal nos permitió ver el grado de relación y dependencia entre las variables.

RESULTADOS

Para observar de una manera más clara los resultados los presentaremos con análisis de algunos cuadros elaborados con base a las variables anunciadas:

 

Marginación

 

Población

Baja (1)

Media (2)

Alta (3)

Total

Concentración Baja

18

51

17

86

Concentración Media

9

10

2

21

Concentración Alta

7

1

3

11

Total

34

62

22

118

 

 

 

 

 


  

Se puede observar que la composición y estructura de las ciudades del estado, las de concentración baja, tienen un grado de marginación media; lo mismo sucede con respecto a las de concentración media, existe el mismo grado de concentración. Los de concentración de población alta, con relación al número de ellas, tienen un alto porcentaje de población marginal alto. A nivel general se puede notar, que las ciudades de concentración baja y media se observan un alto porcentaje marginación media y alta.  Esto nos muestra el grado de desigualdad con respecto a la población y un crecimiento heterogéneo de los municipios del estado, con una tendencia al crecimiento de las ciudades más urbanizadas, lo que nos indican las mismas características en el ámbito nacional, la migración del campo a la ciudad.

 

 

 

 

 

 

Ramo 033 1998

 

 

 

 

 

Marginación

 

Población

Baja (1)

Media (2)

Alta (3)

Total

Concentración Baja

143,464,761

2,208,714,498

577,643,338

2,929,822,596

Concentración Media

602,280,236

567,648,908

151,203,781

1,321,132,924

Concentración Alta

1,010,266,199

22,924,771

142,261,217

1,175,452,187

Total

1,756,011,195

2,799,288,177

871,108,335

 

 

 

 

 

 

Los movimientos del ramo 33, hay una asignación de recursos a las poblaciones de Concentración Baja, de los recursos totales, se les asigna el 75% a las de marginación media y sólo un 20% a las poblaciones de alta marginación. Para las poblaciones de Concentración media los recursos se concentran en las poblaciones de baja y media marginación. Sin embargo de los recursos totales para las poblaciones de concentración alta, los recursos se concentran en las poblaciones de baja marginación, 86%, descuidándose las poblaciones de alta marginación. Lo que repercute en una alta migración de las comunidades a las ciudades, que indudablemente cuentan con servicios, que las poblaciones rurales no tienen, pero también provocan el surgimiento de zonas de alta marginación dentro de ellas. Verticalmente podemos observar que del total de recursos, los encaminados a las comunidades de marginación alta, son los más bajos, el 16%. Se aclara que las medidas de marginación y la información, es tomada del Sistema Nacional de información Municipal, que maneja los datos oficiales.

 

 

 

 

 

Ramo 033 1999

 

 

 

 

 

Marginación

 

Población

Baja (1)

Media (2)

Alta (3)

Total

Concentración Baja

206,964,440

1,043,663,861

274,475,825

1,525,104,127

Concentración Media

246,681,946

158,570,786

79,424,652

484,677,384

Concentración Alta

148,552,519

31,603,164

38,252,280

218,407,962

Total

602,198,905

1,233,837,811

392,152,757

 

 

 

 

 

 

Las formas de asignación de los ingresos del ramo 33 en 1999, se observa una disminución de más del cincuenta por ciento en las asignaciones de poblaciones de alta  marginación, manteniéndose las mismas proporciones en la asignación de los recursos de las poblaciones. Lo que se confirma que las políticas de asignación obedecen, a problemas coyunturales, dándole importancia a ciertos  agravamientos en los movimientos  sociales y cuando hay alguna disminución de éstos, también hay disminución de los fondos sociales. Lo que se puede apreciar más claramente en el siguiente cuadro:

incremento ramo 033 98-99

 

 

 

 

Marginación

 

Población

Baja (1)

Media (2)

Alta (3)

 

Concentración Baja

44.26

-        52.75

-        52.48

 

Concentración Media

-        59.04

-        72.07

-        47.47

 

Concentración Alta

-        85.30

37.86

-        73.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasto 1998

 

 

 

 

 

Marginación

 

Población

Baja (1)

Media (2)

Alta (3)

Total

Concentración Baja

517,659,493

2,589,832,348

680,117,129

3,787,608,969

Concentración Media

820,092,147

833,921,777

165,567,244

1,819,581,167

Concentración Alta

1,674,481,573

48,872,086

231,426,657

1,954,780,315

Total

3,012,233,212

3,472,626,211

1,077,111,029

 

 

 

 

 

 

En el caso de la distribución del gasto, a las poblaciones de alta marginación y con baja concentración, obtienen del total de recursos el 18%. En las poblaciones de Concentración media los recursos convergen en una alta proporción, a los de marginación baja y media, del total el 91% de los recursos asignados y el resto a las poblaciones de alta marginación. Del total de recursos asignados sólo el 14% se le asignaron a las poblaciones de alta marginación. Lo que nos indica que el gasto público estatal, tiene la misma estructura, que los fondos federales ya mencionados, están más orientados a los gastos de coyuntura política.

 

 

 

 

 

Gasto 1999

 

 

 

 

 

Marginación

 

Población

Baja (1)

Media (2)

Alta (3)

Total

Concentración Baja

99,455,999

1,515,752,779

384,544,097

1,999,752,875

Concentración Media

443,520,964

457,545,981

95,809,833

996,876,778

Concentración Alta

890,935,385

38,472,584

112,609,237

1,042,017,206

Total

1,433,912,348

2,011,771,344

592,963,167

 

 

 

 

 

 

En el caso del gasto público en 1999, con respecto al 98 hay un fuerte decremento del total del gasto general, en las poblaciones de baja intensidad y alta marginalidad, se observa un decremento del 56% %; en las ciudades de alta concentración, la disminución es en un menor porcentaje. Del total de recursos asignados del gasto, el 15% correspondió a las poblaciones de alta marginación, además de que la asignación de los recursos a poblaciones de alta marginación bajo de un año a otro, en un porcentaje muy alto el 53%.  Lo que viene a confirmar en mayor grado, de cómo las asignaciones de los recursos a escala municipal tienen las misma características de asignación de los recursos a nivel federal, además de que son ejercidos de una manera contradictoria y no obedecen a un plan de desarrollo regional específico.

CONCLUSIONES

Las políticas fiscales de los gobiernos, no son más que un reflejo de una política de dependencia económica, de los aparatos gubernamentales, con respecto a los grandes capitales, tanto nacionales como internacionales, que definen la política a nivel internacional.

Las formas de asignación de los ingresos a los municipios de alta marginalidad con una población pequeña, son bajos los recursos asignados. También se observa que las poblaciones con un crecimiento urbano alto las inversiones son significativas.

Existe una tendencia a favorecer a centros urbanos, porque a pesar del comparativo de dos años, los gastos sociales asignados a las comunidades deprimidas, tienen un fuerte decremento.

Se concluye que las asignaciones de gastos sociales, están muy determinados por lineamientos políticos del modelo establecido, ya que se presenta como característica a escala nacional, según estudios realizados recientemente.

BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

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Sub. Marcos. “La jornada” 1° de marzo. 2001.