Biopiratería PDF Imprimir E-mail
"El neologismo “biopiratería” evoca corsarios y galeones, pero indica una realidad totalmente antiromántica: el saqueo de recursos naturales y conocimientos indígenas por parte de las transnacionales con la complicidad de universidades y gobiernos"

Y DIOS PATENTÓ AL MUNDO

de Maribel Rotondo y Giovanni Proiettis

Para un hindú plantar un árbol de nim frente a su casa no sólo es un gesto de buena suerte que aleja a los malos espíritus, también sirve para proteger al huerto de 200 especies de insectos nocivos y para curar a la familia de varias enfermedades como resfriados, úlceras, erupciones cutáneas y diabetes. En la India, el nim (azadirachta indica) es un árbol que ha sido empleado durante siglos por sus propiedades pesticidas y medicinales. El tronco, duro y de rápido crecimiento, se usa en la construcción de casas porque aleja a las termitas y el aceite que se extrae de sus semillas se aplica localmente como espermicida natural.

Pero desde hace algunos años el nim es mucho más que esto. Se ha convertido en símbolo de una campaña internacional dirigida por la ecologista Vandana Shiva que ha tejido un gran frente de resistencia contra la depredación de los recursos naturales del Tercer mundo por parte de las transnacionales químicas y farmacéuticas. Fue justamente Vandana Shiva, junto con el ecologista canadiense Pat Mooney a popularizar el término biopiratería para indicar el robo de los recursos biológicos y de conocimientos ancestrales que luego son patentados en el mercado.

< La batalla del nim

Ignorado por la administración colonial británica que despreciaba los conocimientos y las técnicas agrícolas de la India campesina, el nim fue “descubierto” hace treinta años por las empresas transnacionales que rápidamente lo han visto como una gallina de los huevos de oro.

En 1971 Robert Larson, traficante de maderas, importa las semillas del árbol sagrado a Wisconsin “para usos de investigación científica”. De hecho, la investigación se limita a la extracción de un principio activo de la planta, conocido desde siempre y utilizado en la India como plaguicida natural. Larson bautiza al extracto como Margosan-O y la Epa, el organismo norteamericano para la protección del medio ambiente, le otorga un primer permiso de comercialización en 1985. La suerte está echada . Tres años después el “inventor” vende la patente del nuevo pesticida a la transnacional Wr Grace para un mercado que sólo en los Estados Unidos supera los 15,000 millones de dólares de ganancias.

Después de más de una década, la “batalla del nim”, que congregó en 1994 a más de medio millón de manifestantes en Bangalore, en el sur de la India, ha dado sus primeros frutos. En mayo del 2000, una coalición internacional de organizaciones ecologistas logró que se retirara la patente a la industria WR Grace, privándola así del derecho a monopolizar algunos productos derivados de la planta. El campesino hindú no estará obligado a comprar a la fuerza el Margosan-O y podrá seguir extrayendo su pesticida natural con los métodos tradicionales y sin costo alguno. Sin embargo, la guerra está lejos de haberse acabado: no sólo existen otras ochenta patentes de los diferentes componentes del nim que todavía tienen valor legal, sino que suman miles las especies vegetales amenazadas por la voracidad de las transnacionales.

Oro verde

En la dieta de los campesinos mexicanos el pozol ocupa un lugar importante. Esta bebida que se remonta a los tiempos prehispánicos, se prepara diluyendo con agua una masa de maíz previamente tratada.

“Pero los gringos han logrado robarnos el secreto del pozol” dice Antonio Pérez Méndez, un maya tzeltal del Chiapas, “y lo han patentado allá en su tierra, en los Estados Unidos”.

Efectivamente, en 1999 la industria alimenticia holandesa Quest International y la Universidad de Minnesota consiguieron una patente, la N.5919695, sobre una bacteria del pozol que tiene la propiedad de impedir la descomposición de los alimentos. Es un conservante natural que ha despertado el repentino interés de las transnacionales.

En realidad, el “descubrimiento” del pozol se hizo en México, donde los investigadores de la Unam fueron los que primeros que lograron aislar la bacteria . Los laboratorios de la Universidad de Minnesota sólo se limitaron a verificar la investigación mexicana y a patentar el principio activo como si fuera un producto de su ingenio. Con la patente obtenida en los Estados Unidos –y pedida para Europa y Japón- la Quest International y la Universidad de Minnesota pueden prohibir la fabricación, el uso, la venta o la importación de esta bacteria. Al campesino maya, expropiado de su bebida tradicional, se le deja el derecho de interponer una querella contra esta patente.

“Lástima que las impugnaciones de patentes de este tipo pueden acarrear un gasto superior al millón de dólares”, dice Silvia Ribeiro, ecologista del Rural Advancement Foundation International, una organización independiente con sede en Canadá. “Se trata de otro caso de saqueo de los conocimientos milenarios de una comunidad, conocimientos que siempre han sido públicos y colectivos. Las empresas transnacionales sólo toman una pequeña parte de esta sabiduría y la usan para enriquecerse.”

En el mercado de los genes

“Vender” su propio patrimonio genético se está volviendo de moda. Le sucedió recientemente a los 108,000 habitantes de las islas Tongas, en Polinesia. Esta vez le tocó a una industria australiana de biotecnología, la Autogen Limited, dirigida por Joseph Gutnick, presidente del Melbourne Football Club, quien compró los derechos exclusivos sobre el patrimonio genético de los tonganos. Este patrimonio genético, al igual que los de todos los grupos humanos que históricamente han vivido aislados y con pocos matrimonios mixtos, resulta muy codiciado por sus características peculiares, pues se pueden detectar con mayor facilidad la aparición de determinadas enfermedades genéticas y curarlas creando fármacos especiales. Lástima que los tonganos no sabían nada acerca del tema. Actualmente la Autogen está negociando el mismo acuerdo con otras naciones del Pacífico con el objetivo de volverse la única firma autorizada para realizar estudios genéticos en Polinesia.

Inventarios robados

En mayo de 1990, el actual papa Juan Pablo II, durante un viaje a México, devolvió al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari un libro del siglo XVI, el Códice Badiano. Se enfatizó en el aspecto simbólico de este gesto, pues aunque mínima, esta restitución invertía, al menos por un momento, el flujo del saqueo europeo en tierras americanas, que prosigue sin tregua desde hace 500 años.

Sin embargo, la obra en sí es igualmente importante. El códice Badiano, también llamado Libellus de medicinalibus indorum herbis, fue compilado en 1552 por el médico nahua Martín de la Cruz y traducido al latín por Juan Badiano en el colegio de Tlatelolco. La obra ilustra 200 plantas medicinales utilizadas en el México prehispánico y con un estilo similar al de los herbarios medievales europeos, describe las características de cada planta, las flores, el uso terapéutico, el lugar de crecimiento e incluye un dibujo a colores.

Se trata de un pequeño tesoro, rescatado de la polvareda de la biblioteca Vaticana por la historiadora E.W. Emmart en 1929. En lenguaje moderno, sería el primer tratado de etnobotánica, inventario detallado de las especies vegetales del Nuevo Mundo utilizadas en la medicina indígena.

Actualmente las transnacionales, que colaboran más y más con gobiernos y universidades, se apropian de los productos naturales y de los conocimientos ancestrales a través de las patentes.

“El problema no es sólo la patente”, dice Juan Ignacio Domínguez, asesor legal del Compitch, el Consejo de Médicos y Parteras Indígenas tradicionales de Chiapas, “sino también los inventarios de la biodiversidad, que se han vuelto como el nuevo petróleo del Tercer mundo. Una vez más, la pobreza subsidia a la riqueza. Estos inventarios son las nuevas formas de control y sumisión de nuestras culturas y recursos por los intereses del mercado”.

La resistencia en Chiapas

El Compitch, formado por 11 organizaciones de médicos y parteras tradicionales, solicitó el año pasado la suspensión inmediata del programa Descubrimiento de Fármacos y Biodiversidad entre los Mayas de México.

Las investigaciones de bioprospección que incluían un inventario de numerosas plantas medicinales de Chiapas –un Estado que es una mina en biodiversidad– se habían iniciado luego de un convenio entre la Universidad de Georgia, el gobierno de los Estados Unidos, a través de su programa ICBG-Maya (International Cooperation Biodiversity Group), la nueva empresa británica de biotecnología Molecular Nature Ltd y el Instituto mexicano de investigación Ecosur. El proyecto preveía la clasificación y la investigación en laboratorio con fines farmacéuticos de todas las plantas medicinales que existían en Chiapas, un financiamiento de 2 millones y medios de dólares, bolsas de estudio para investigadores mexicanos, equipo y laboratorio para Ecosur, la contraparte mexicana.

Las organizaciones de médicos tradicionales, apenas supieron del proyecto, pidieron con urgencia una reglamentación para este tipo de investigación, para poder proteger el estudio y el uso de los recursos botánicos regionales. En noviembre del 2000, después de que aparentemente el proyecto se había bloqueado por algunos meses, los trabajos de investigación y clasificación de la flora chiapaneca culminaron, independientemente de las reacciones de protesta que generaron.

Según Juan Ignacio Domínguez “el proyecto no es legal, porque sólo Ecosur tenía la autorización para la recolección científica y no el ICBG-Maya. Estos permisos no son transferibles y los responsables de Ecosur ni siquiera nos lo mostraron. La biopiratería empieza desde allí. No es sólo el momento de la patente ni la substracción del material del país, es también engañar a la gente al no informarle acerca de los motivos por los que se recoge información. En este caso, los interesados nunca hablaron de patentes ni de propiedad intelectual ni del uso que se hace de los productos y de los conocimientos en otros países”.

Antonio Pérez Méndez, presidente del Compitch, insiste acerca de la importancia de una campaña de información: “Las comunidades no están informadas. Los investigadores piden permiso para entrar en los campos, dicen ‘venimos a ver las plantas’ pero no explican para qué”.

El director del Instituto Bethesda, Joshua Rosenthal, coordinador de los proyectos del ICBG en varios países, ha tenido que presentarse en San Cristóbal de las Casas, en agosto del 2000, porque estaba preocupado por el descrédito internacional que la controversia en Chiapas estaba acarreando a varios programas del Instituto. (En los últimos siete años el gobierno norteamericano ha financiado con 18.5 millones de dólares una docena de proyectos de bioprospección del ICBG en México, Perú, Chile, Argentina, Panamá, Surinam, Madagascar, Vietnam, Laos, Nigeria, Camerún y Costa Rica. Entre los socios del instituto están varias transnacionales farmacéuticas como Glaxo-Wellcome, Bristol Myers Squibb, Shaman Pharmaceuticals, Dow Elanco Agrosciences, Wieth-Ayerst, American Cyanamid y Monsanto).

Cuando Rosenthal llegó a Chiapas, se encontró con los representantes del Compitch y los acusó de difamación. Los representantes del Compitch le pidieron mayor información acerca del contrato de bioprospección, pero pasaron cuatro meses, y todavía estaban esperando la respuesta.

Las organizaciones indígenas se están volviendo cada vez más exigentes y atentas, pero las transnacionales ya encontraron otra alternativa: les resulta más fácil comprar a algún líder comunitario que convencer a organizaciones combativas o pagar royalties, aunque baratas, a enteras poblaciones. José Carlos Fernández, uno de los investigadores de Ecosur que participa en el proyecto, tiende a deslegitimizar a las organizaciones indígenas: “Tratamos de obtener el permiso o la colaboración de comunidades, no nos interesa trabajar con instituciones financiadas por el gobierno o con las organizaciones no gubernamentales de médicos tradicionales que reclaman, en forma incorrecta, la representatividad de todos los miembros de las comunidades indígenas.”

La fiebre de las Patent Rights

En diciembre de 1999, el gobierno islandés vendió la banca de datos genéticos de toda la población a una industria, la Decode Genetics. La vacas locas, transformadas en carnívoras por los nuevos alimentos ‘balanceados’, se asoman a las mesas europeas. En los Estados Unidos, para que maduren más lentamente los jitomates, incluyen en sus semillas el gen de un pez. Una planta amazónica, la uña de gato, es comercializada en cápsulas por la empresa Schuler y parece que resulta eficaz en la terapia de algunos tumores.

Estas noticias, aparentemente disímiles, tienen en realidad un común denominador: la patente, punta de lanza legal de la expansión de las transnacionales.

El arte y la ciencia de Occidente nos han acostumbrado al concepto de propiedad intelectual. Todos saben quien pintó la Gioconda o quien descubrió la penicilina. Procesos como la pasteurización, unidad de medida como el voltio, plantas como la buganvilia hasta tienen en sus nombres la identidad del inventor o del descubridor.

En cambio, nadie sabe quién ha inventado la hamaca o el cero, dos creaciones igualmente insustituibles del ingenio humano. Los nombres de los pintores mayas de Bonampak o los de los escultores khmer de Angkor Vat no han llegado hasta nosotros por una sencilla razón: casi todas las culturas no occidentales consideran al producto de la creación intelectual como un patrimonio colectivo de sus pueblos. Más que obras de arte firmadas, sujetas a las reglas del mercado como cualquier mercancía, las otras culturas ven en sus obras maestras una especie de herencia familiar, una parte significativa de su propia identidad.

Las civilizaciones europeas, desde la antigüedad greco-romana, siempre celebraron a los artistas y a los intelectuales eminentes, fomentando el culto a la personalidad. Sin embargo, sólo a partir de la revolución industrial se afirma el principio de “patentar” cualquier invención o descubrimiento relacionado con la tecnología y la producción.

La función de las patentes es la de estimular las innovaciones, premiando a los inventores industriales y protegiéndolos del robo de sus invenciones, un principio legítimo que no ha provocado objeción alguna hasta hace unos veinte años.

A partir de los años ochenta con el progreso de la biotecnología, el sistema de las patentes se ha extendido a los organismos vivos y a los genéticamente modificados, penetrando en territorios que van desde las especies animales y vegetales hasta el patrimonio cromosómico humano, de los conocimientos farmacológicos de los indios del Amazonas hasta las creaciones de “superrazas” en los géneros alimienticios. La fiebre para conseguir patentes y obtener el derecho a explotar y monopolizar recursos y conocimientos ajenos, está invadiendo espacios y sujetos que hasta ayer eran impensables.

Los Kayapó, maestros de Ecología

Darrell Posey es un etnoentomólogo norteamericano que ha pasado más de quince años viviendo entre los kayapó del norte de Brazil y habla varias lenguas indígenas. Sus investigaciones estuvieron patrocinadas por el Museo Goeldi y por la Universidad de Pará durante los años ochenta y han desvelado la existencia de una “ciencia amazónica tradicional” hasta ese entonces invisible a los científicos occidentales.

Los Kayapó son expertos criadores de abejas y clasifican con suma precisión las distintas partes de estos insectos, llegando a utilizar más términos que los que utiliza la entomología moderna. Además, al hacer un uso científico de la interacción entre los insectos y el mundo vegetal, los kayapó se demuestran verdaderos maestros de la agricultura biológica.

En los últimos años, investigaciones como las de Darrell Posey han popularizado el concepto de “etnociencias”. Estas nuevas disciplinas estudian los conocimientos de las sociedades tradicionales y reconocen la utilidad y el interés de biologías, medicinas y tecnologías diferentes de las nuestras.

Sin embargo, este vital patrimonio científico, considerado por fin digno de atención luego de cinco siglos de desprecio racista, ya se ve amenazado por la sombra rapaz de las transnacionales interesadas en rebuscar en los archivos de los etnocientíficos.

Fue un grotesco proceso, montado por las autoridades brasileñas en 1988, que volvió famoso a Darrell Posey y a sus investigaciones, apareciendo en las primeras planas de los periódicos. Posey llevó a Estados Unidos a dos indios kayapó, Payakán y Kube-i, para tratar de bloquear un devastante proyecto de megacentrales hidroeléctricas en territorio indígena. Sus testimonios frente al Banco Mundial lograron bloquear el financiamiento de este proyecto. Se creía que, regresando a Brasil, las autoridades iban a reaccionar, pero nadie pensaba que se llegase hasta al intento de expulsar del país a los tres utilizando el pretexto de la “ley de extranjeros”, lo que provocó un escándalo en la opinión pública. Considerar a Posey extranjero era natural, siendo él estadunidense, comentó la prensa nacional, pero considerar a los indios extranjeros en su propio país ¡era realmente demasiado!

Actualmente Darrell Posey continúa en la batalla. Ha fundado la Coalición global por la dioversidad biocultural y coordina el grupo de trabajo de la Onu sobre los derechos a los recursos tradicionales. “Debemos de llegar a una nueva conciencia mundial, a una nueva política internacional”, dice el etnobiólogo. “Esto es posible sólo a través de un reconocimiento real de los conocimientos indígenas. La gente que vive en la selva amazónica ya practica un uso racional de sus recursos, así es que no hay que descubrir nada, sólo hace falta aprender. Sin embargo, existe el problema de los derechos de propiedad intelectual. Para poder utilizar en forma apropiada los recursos y conocimientos acumulados durante milenios por los pueblos indígenas, debemos, antes que nada, encontrar la forma de protegerlos. Estas verdaderas tecnologías cuya importancia y utilidad están fuera de discusión, tienen que beneficiarse de los mismos derechos de protección que se otorgan a nuestras tecnologías. En Ginebra, dentro de la Onu, existe un organismo para la defensa de los derechos de propiedad intelectual dedicado a proteger las patentes, invenciones y creaciones intelectuales y dotado de especiales instrumentos legales. Por más de diez años hemos solicitado la aplicación de estos derechos también para el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, pero hasta ahora sólo hemos obtenido respuestas negativas.

Dos ejemplos de final feliz

La quinua, un cereal andino cultivado en tierras de gran altura, tiene un valor proteínico mucho mayor al del arroz o al del maíz y se ha vuelto la última moda en la cocina macrobiótica internacional. En 1994, dos investigadores de la Universidad de Colorado han conseguido patentar en Estados Unidos una variedad masculina estéril llamada “Apelawa”, pero debido a las fuertes protestas que generaron entre los agricultores bolivianos y la las insistentes presiones internacionales, la Universidad de Colorado decidió, en mayo de 1998, renunciar a la patente.

En 1986, el norteamericano Loren Miller, que vivía en Ecuador, logró conseguir los derechos exclusivos de los principios activos del ayahuasca, una liana selvática utlizada tradicionalmente por los pueblos amazónicos como alucinógeno ritual y planta curativa, con la intención de producir psicofármacos y medicinas cardiovasculares. Pero la Coica, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, impugnó la concesión de la patente frente a la justicia norteamericana, alegando que a los productos de Miller “les falta originalidad, tratándose de extractos de una especie vegetal que había sido domesticada y explotada por siglos”. El proceso abierto por la Coica finalizó, en noviembre de 1999, con la revocación de la patente que se le concedió a la sociedad de Miller, la Plant Medicine Corporation.

Traducción del artículo “E Dio brevettò il mondo”, aparecido en italiano en la revista Volontari per lo sviluppo, enero-febrero 2001, www.arpnet.it/volosvi/2001_1/01_1_11.htm.