Autonomía y Derecho de la Mujer Indígena PDF Imprimir E-mail
TANIA BERENICE TAPIA GONZÁLEZ (originaria de Villaflores)
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GONZALO ESPINOSA GUZMÁN
(tzeltal, originario de Bachajón)
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INTRODUCCIÓN

La autonomía indígena, es un tema contemporáneo de la entidad chiapaneca y de la nación Mexicana. La idea de la autodeterminación se manifiesta durante el movimiento armado llevado a cabo por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, y logra plasmarse en , firmados por el Gobierno Federal y el EZLN, el 16 de Febrero de 1996.

La autonomía indígena ha existido durante más de 500 años, pero en la clandestinidad y se ha establecido una resistencia silenciosa en los valles y montañas del estado de Chiapas. Por lo tanto al plasmarlos en los acuerdos de San Andrés tuvieron como fin ultimo el reconocimiento de dicha autonomía, a la que se le ha ignorado durante esos quinientos años.

Otro de los temas de suma importancia que se reivindican con el levantamiento armado y se plasman en Los Acuerdos de San Andrés, es el Derecho y Cultura Indígena dentro del cual se plantea importante, qué es la Situación, Derecho y Cultura de la Mujer Indígena. Se hicieron propuestas fundamentales que no fueron cumplidas, sin embargo es importante retomarlas y mencionarlas, pues la mujer indígena padece una triple discriminación.

El propósito principal de este trabajo es definir primeramente el concepto de autonomía, además del derecho y cultura de la mujer indígena, y por consiguiente retomar Los Acuerdos de San Andrés, donde la comunidad indígena plasma los reclamos por el reconocimiento legal y jurídico a su libre determinación, derechos y cultura.

“AUTONOMÍA, DERECHOS Y CULTURA DE LA MUJER INDÍGENA EN LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS”

LA LIBRE DETERMINACION.

La autonomía, es uno de los reclamos actuales de los pueblos indígenas. La autonomía es un régimen especial de gobierno para ciertas colectividades. (López; 2002:33)Los Estados modernos, están fundados, bajo la idea de un poder soberano, único, una sociedad homogénea con un solo régimen jurídico y con iguales derechos para todos.

Pero esta idea homogénea de la sociedad moderna no corresponde a la realidad de las sociedades actuales –principalmente en Chiapas- porque un Estado-Nación se puede componer de muchos pueblos con distintas formaciones culturales; y de aquí una contradicción de la que todo país se encuentra tras ésta idea, la idea de imponer una unidad y uniformidad de parte del poder estatal, y la lucha constante de distintos pueblos por mantener su identidad como grupos sociales: Las soluciones a dichas contradicciones son múltiples y variadas y una de ellas es a través de la exterminación completa de todo grupo que se resista a la homogenización o bien al aislamiento por parte de éste (el grupo) para conservar su esencia como cultura.

El Estado moderno defiende la libertad individual y a la par, reprime a las comunidades de las que forman parte los individuos; propicia la emancipación de las personas mientras se violenta a grupos sociales.

En el caso de los pueblos indígenas, se reconoce la libre emancipación de sus integrantes y se elaboran políticas, planes y acuerdos para promover la emancipación, pero no se reconoce a los pueblos a existir y por lo tanto no puede haber tal emancipación, (López; 2002:35). Así encontramos que en el 1er Congreso Independiente de 1824, desaparece en la Constitución Mexicana, la palabra "indígena" y con ello se marca la negación de su existencia introduciéndolo en ese entonces con el concepto de ciudadano, el concepto homogéneo para la nación mexicana.

Por lo tanto, el fundamento principal de la libre determinación de los pueblos indígenas radica en reconocerles personalidad y capacidades jurídicas y de igual manera concederles la autoridad para tomar sus propias decisiones para garantizar su existencia.

Javier Ruipérez, clasifica a la autonomía o libre determinación en dos formas, interna y externa. La primera consiste en la independencia o secesión del territorio de un estado, para convertirse él, en un solo estado o bien para unirse a otro. La segunda, se manifiesta en la decisión de un pueblo tomada de manera libre par a continuar perteneciendo a l Estado al que estaba integrado pero con normas y reglas establecidas por ellos mismos, y a esto se le conoce como autonomía. (Ruipérez; 1995:52).

El derecho de secesión, es un asunto de derecho internacional, no propio de los estados de un determinado país y cuando esto sucede dentro de un estado se da en una forma de rebelión interna –como en el caso de Chiapas- y la autodeterminación adquiere la forma de autonomía.

En la autonomía, la soberanía radica en todo el pueblo y las comunidades indígenas forman parte de ese todo.

La autonomía, es un régimen especial que comprende un gobierno propio (autogobierno) para ciertas comunidades integrantes que ejercen competencias legalmente atribuidas,(Velasco;2003:43).

Así, las autonomías, no pueden ser reconocidas en cualquier ley, sino en la ley del Estado-Nación a que pertenezca el grupo social autónomo: se requiere por tanto su reconocimiento en la Constitución Política del país. Para que la autonomía indígena -en México y en Chiapas en particular- pueda ser realidad, se requiere de un nuevo pacto social entre el estado y pueblos indígenas, con el fin de reconocer nuevos sujetos y nuevos derechos y para ello, es necesario, aparte del nuevo pacto social, un nuevo pacto político que reforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asumiendo el reconocimiento del los pueblos indígenas como sujetos de derecho colectivos y garantizando el ejercicio de los derechos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales y jurídicos, como derechos colectivos y no como derechos meramente individuales en el grupo indígena.

LOS ACUERDOS DE SAN ANDRÉS Y LAS PROPUESTAS DE REFORMA.

Y LAS PROPUESTAS DE REFORMA.

El 16 de Febrero de 1996, en San Andrés Sakamch'en de los Pobres (Larrainzar) se dio el primer acuerdo entre el Gobierno Federal y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Firmándose el documento que se conoce como Los Acuerdos de San Andrés, dentro de los que se desarrollan los temas de comunidad y autonomía de la Mesa 1 sobre “Derechos y cultura indígena” y la Mesa 4 sobre "La situación, derechos y cultura de la mujer indígena".

En estos acuerdos el Gobierno mexicano reconoció la subordinación, desigualdad y discriminación, a la que han sido objeto los pueblos indígenas, lo cual ha traído como consecuencia la pobreza, la explotación, y la exclusión política, respectivamente, y que para superar esa realidad es necesario por consiguiente, realizar acciones profundas, sistemáticas, participativas, de parte del gobierno federal y de la sociedad en general, incluidos los pueblos indígenas. Y por tal motivo en el documento, el gobierno federal resolvió que se requiere la participación de los pueblos indígenas para que sean ellos mismos los que tomen las decisiones que afectan su vida diaria y de igual manera reafirmen la condición de mexicanos con pleno uso de derechos, que por su papel y edificación de México, tienen ganado por derecho propio, e incluso, todos desde el momento en que nacemos en el territorio nacional, como mexicanos tenemos estos derechos ( Hernández; 200:38).

Por lo anterior, el gobierno federal, se comprometió a reconocer a los pueblos indígenas en La Constitución Política nacional, a sí como el reconocimiento de los derechos a la libre determinación manifestada por medio de la autonomía y por consiguiente la libertad de decidir su forma de gobierno, y organización en los distintos aspectos de la vida indígena, tales como: los aspectos político, jurídico, social, económico y cultural. Comprendiendo lo siguiente:.

- Aspecto político: Expresado especialmente en el reconocimiento de los gobiernos propios y de las formas propias de elección de sus autoridades.

-Aspecto jurídico: para poder ejercer sus sistemas normativos internos, sus formas de elegir a sus propias autoridades, sus formas de impartir justicia, reparar las faltas y decidir en materia de conflictos internos.

- Aspecto social: Para decidir sus propias formas de organización social.

- Aspecto social: Para decidir sus propias formas de organización social.

- Aspecto económico: para decidir su propia organización para el trabajo, para el disfrute de sus propios recursos y para que se impulse la producción y el empleo y la satisfacción de las necesidades propias de los pueblos indios.

- Aspecto cultural: para garantizar la cultura propia de los pueblos indígenas.

Después de febrero de 1996, el gobierno federal no mostró voluntad para cumplir los acuerdos pactados y como medida de presión el EZLN suspendió las negociaciones con el gobierno federal en septiembre de es mismo año, en tanto no se ejecutaran los acuerdos asumidos por ambas partes.

Entonces, la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión (COCOPA) elaboró una propuesta de reformas constitucionales, la cual solo podía ser aprobada o rechazada sin aceptar modificaciones a ella (López; 2002:81).

Los derechos reconocidos de los pueblos indígenas en la propuesta de la COCOPA resaltan el del reconocimiento de los pueblos como sujetos colectivos de derecho y su derecho a la libre determinación expresado en un régimen de autonomía y como consecuencia de ello se les reconoce una serie de derechos políticos, económicos, de acceso e impartición de justicia, y culturales.

La propuesta de la COCOPA fue rechazada por el gobierno federal, cuando El EZLN ya la había aceptado, así el gobierno pidió tiempo para analizarla y el 20 de diciembre del mismo año, presentó una serie de objeciones, lo que en realidad era una contra propuesta.

El ambiente político después de ello, adquirió formas incomprensibles, mientras tanto, la represión y hostigamiento a las regiones indígenas se agudizaba hasta terminar con la masacre de Acteal y en 1998 el gobierno federal presentó al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la constitución en materia de derechos indígenas que no tenía nada que ver con lo pactado en Los Acuerdos de San Andrés, contradiciendo las propuestas de la COCOPA el gobierno federal proponía reconocer la existencia de los pueblos indígenas pero no sus derechos.

La estrategia seguida por el gobierno federal, cuando decidió no cumplir con los acuerdos sobre derechos y cultura indígena, fue hacer una invitación a los gobiernos de los estados para que promovieran reformas en materia indígena en sus constituciones estatales con el perfil presentado por el gobierno federal en la cámara de diputados.Así pues, se puso en practica una nueva forma de legislación, simulando el otorgamiento de derechos cuando en realidad no era así, porque la materia era y es de competencia meramente federal (López; 2002:91).

A finales del año 2000, solo seis estados habían accedido a la política federalista de simulación: Oaxaca, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas y Campeche. El contenido de dicha reforma demuestra la nula voluntad de los gobiernos federal y estatal para reconocer el derecho de los pueblos indígenas.

DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA

Desde hace algunos años, en América Latina se habla de la necesidad de redefinir las relaciones entre los pueblos indígenas y el Estado Nacional. En México el debate sobre derechos, cultura y autonomía indígena ha producido controversias. La búsqueda de una nueva relación entre los pueblos indios y el estado, considera que es necesaria una adecuada política indigenista para acelerar y consolidar la integración nacional. Estas políticas servirán para promover el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades indígenas, que están generalmente marginalizadas frente al progreso material que se da en otras regiones y sobre todo en centros urbanos (Alicia Barabas y Miguel A Bartolomé: 1998: 82). El indigenismo es visto como una obligación gubernamental, como una política del estado dirigida a los indígenas en función de los intereses del propio estado y de la nación en su conjunto (Alicia Barabas Y Miguel A.: 1998:54). Los servicios públicos proporcionados a las comunidades indígenas no eran considerados como un derecho de estas, sino como una concesión del propio estado, que de esta manera se hacían acreedoras de la gratitud ante la sumisión de los pueblos indígenas. Esta relación Estado-Indígenas no ha cambiado mucho desde la época colonial.

El tema de los derechos humanos ha llegado a ser prioritario y se ha transformado en el marco de referencia obligado para la nueva discusión acerca de la naturaleza del estado, en sus relaciones con los pueblos indígenas.

Con antecedentes históricos se sabe que los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad, y discriminación que les ha determinado una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política, así como han persistido frente a un orden jurídico que busca la homogenización y asimilación cultural.

Para solucionar y atender esta problemática, se debe generar el integracionismo cultural para conocer a los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho, en atención a su origen histórico, a sus demandas, así como a la naturaleza pluricultural de la nación Mexicana (López Barcenas:2002: 47).

Para lograr el cumplimiento de las demandas indígenas, es necesario reconocer primeramente sus derechos y cultura indígena, puesto que toda discriminación y marginación de la que ellos son afectados proviene de la falta de reconocimientos de sus derechos y cultura y de la falta de conciencia, pluricultural y cultural así como de la aceptación de esta.Dentro de Los Acuerdos de San Andrés, destacamos el subtema de Derechos y Cultura de la Mujer Indígena, que es de suma importancia puesto que las mujeres indígenas, sufren una triple discriminación: por ser indígenas, por ser pobres, y por ser mujeres (Luis Hernández y Ramón Vera: 1995: 18).

Ellas exigen al igual que los hombres indígenas reconocimiento y respeto a su cultura, sin embargo aquí la diferencia es que las mujeres tanto indígenas como no indígenas, no solo tienen que luchar por sus derechos como seres humanos sino también como mujeres, pues desagraciadamente no se ha logrado erradicar la discriminación hacia la mujer.

Las mujeres indígenas han sido victimas de despojos, explotación, violencia, hambre, discriminación, y marginación. Por lo que proponen un cambio a fondo en el modelo político con el fin de superar los problemas de corrupción, monopolio del poder y centralización, para generar un ambiente plural, incluyente,democrático y participativo no solo de sus pueblos con el Estado, sino del estado y sus pueblos hacia ellas mismas (“Foro sobre Derechos y Cultura Indígena”, enero de 1995, SCLC, Mesas 1 y 4, sobre "Autonomía" y "Situación, Derechos y Cultura de la Mujer Indígena".

Dentro de las demandas de las mujeres indígenas, están las que se plantean a continuación, sugiriendo las propuestas siguientes:

Modelo económico, político, social y cultural:

Un cambio global l modelo económico, político, social y cultural, para que se modifiquen las relaciones del Estado con los pueblos indios y lograr un reparto equitativo de los recursos de la Nación, así como garantizar las relaciones de respeto, equidad y reconocimiento de la diversidad de las culturas y los pueblos indígenas de México.

Autonomía:

Derecho a que se les reconozca su dignidad, su autonomía, sus usos y costumbres, respetando la dignidad de las mujeres. La autonomía implica la capacidad de participar en la administración, aprovechamiento y conservación de sus recursos colectivos.

Tierras: Los hombres sujetos de derecho agrario respeten el orden de preferencia que señala la ley agraria para favorecer a su cónyuge, en casos de herencia o enajenación de derechos parcelarios. Que la asamblea de comuneros haga obligatorio destinar la parcela par ala creación de la Unidad Agrícola e Industrial de la Mujer.

La mujer y el proceso productivo: Exigen el reconocimiento familiar, comunitario y nacional a su contribución a la economía en todos los niveles, y exigen el respeto a sus derechos como productoras y el acceso al crédito, recursos, propiedad, capacitación y participación politica.

Salud y derechos reproductivos:

Avanzar, en las acciones que permitan garantizar el derecho a la salud para los pueblos y comunidades especialmente para las mujeres, incluir en los programas de salud elementos de la medicina tradicional. Ampliar el reconocimiento, valoración y apoyo para parteras, curanderas, terapeutas tradicionales y doctoras comunitarias.

Educación y cultura:

Exigen mayor impulso a los programas de alfabetización en las comunidades para mujeres y hombres indígenas, formando promotores educativos en las localidades quienes cuenten con materiales educativos que respondan a las características especificas de los pueblos indígenas.

Bienestar social y servicios para la mujer indígena: Construcción y mejoramiento de servicios básicos como la vivienda, agua potable, letrinas, etc. Que generen mejores condiciones de vida e higiene. Mejora de los niveles de alimentación y nutrición. Promoción de campañas de registro civil.

Participación política: Respeto a su derecho a participar en instancias publicas de las comunidades,estados y del país. Que se tomen en cuenta sus intereses en el diseño de la política publica y en la priorización de necesidades de atención.

Violencia y derechos humanos: Respeto a sus derechos humanos y como mujeres, y erradicar la violencia de todo tipo, aun en el interior de sus comunidades y fuera de ellas. El problema de los derechos, analizado desde la óptica de las mujeres indígenas chiapanecas, exige desterrar silencios y olvidos seculares. Para erradicarlos es necesario incidir en la legislación nacional y estatal, para garantizar sus derechos fundamentales como seres humanos y como indígenas.

Respeto a sus derechos humanos y como mujeres, y erradicar la violencia de todo tipo, aun en el interior de sus comunidades y fuera de ellas. El problema de los derechos, analizado desde la óptica de las mujeres indígenas chiapanecas, exige desterrar silencios y olvidos seculares. Para erradicarlos es necesario incidir en la legislación nacional y estatal, para garantizar sus derechos fundamentales como seres humanos y como indígenas.Incorporar a la legislación los derechos políticos, así como el respeto a los usos y costumbres indígenas, respetando la dignidad y los derechos humanos de las mujeres indígenas.

Reconocer en el marco constitucional de la autonomía, los derechos específicos de la mujer indígena.

Reconocer en el marco constitucional de la autonomía, los derechos específicos de la mujer indígena.

Garantizar los derechos laborales de las trabajadoras indígenas, sobre todo aquellas en condiciones vulnerables como las trabajadoras eventuales y domésticas.

Adicionar los derechos de la trabajadora eventual en la Ley Federal del Trabajo.

Revisar y modificar la penalización que impone la legislación actual para delitos sexuales, de hostigamiento a la mujer y de violencia intrafamiliar.

Garantizar para las mujeres y los niños indígenas de Chiapas, el derecho a la salud, a la educación y cultura, a la alimentación, a una vivienda digna, a los servicios básicos, así como su participación en proyectos productivos, para desarrollo integral digno con la participación de las mujeres indígenas y diseñados con sus particularidades (López, Barcenas: 2002:87).

A MANERA DE CONCLUSIÓN.

El movimiento armado del ejercito Zapatista de liberación nacional en 1994, fue como consecuencia de la larga historia de atropellos, humillaciones, discriminación, exclusión en los distintos aspectos del país, sufrida por la sociedad indígena en le país.

El movimiento, por consiguiente, fue el grito de un “ ¡YA BASTA!" en contra de la explotación y opresión que mantenía el sistema a toda la población indígena, sobre todo en Chiapas.

Sin embargo, a pesar de ello, el gobierno solo simuló una respuesta que de ninguna manera resuelve el problema de fondo, tomó medidas para mantener el status quo, pero no para erradicar el problema central y de fondo.

Los Acuerdos de San Andrés son el resultado del “diálogo” entre el gobierno federal y el EZLN, los que no se han cumplido debido al rechazo y al desconocimiento por parte del gobierno federal a dichos acuerdosfirmados.

son el resultado del “diálogo” entre el gobierno federal y el EZLN, los que no se han cumplido debido al rechazo y al desconocimiento por parte del gobierno federal a dichos acuerdosfirmados.

Pero el hecho, de que dichos acuerdos –que reclama como eje principal la libre determinación manifestada a través de la autonomía – no sean aceptados unilateralmente por el gobierno, no significa de ninguna manera que no se puedan desarrollar en las comunidades indígenas, prueba de ello es que en las regiones y territorios indígenas comienza a afianzarse la idea de sus derechos como pueblo, los que no están sujetos a la voluntad del gobierno. En efecto, las comunidades indígenas zapatistas comienzan a reestructurar la forma de vida para con todos los integrantes, en los Municipios Autónomos y en sus Juntas del Buen Gobierno.

La autonomía parte así de un ejercicio natural de los pueblos indígenas, pero el gobierno mexicano persiste en ignorar al mundo indígena la ha negado, marginadolo pues reconocerlo seria afirmar su existencia, pero sobre todo significaría el reencuentro con un México al que se insiste en ignorar

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, A 18 DE MAYO DE 2005.

BIBLIOGRAFÍA

Velasco, Cruz Saúl. El movimiento indígena y la autonomía en México. Dirección General de Estudios de Postgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; y la UPN, México. 2003.

López, Barcenas, Autonomía y Derechos Indígenas en México, Subdirección de Difusión u Publicaciones de la dirección General de Culturas Populares e Indígenas, México. 2002.

Hernández, Navarro Luis y Vera Herrera Ramón (compiladores), Acuerdos de San Andrés. ERA. 1995.

Bartolomé, Miguel A, y Barabas, Alicia. Autonomías étnicas y estados nacionales. CONACULTA, INAH. 1998.
Ruipèrez, Javier, Constitución y Autodeterminación, Tecnos, España, 1995.
“Foro sobre Derechos y Cultura Indígena”, Enero de 1995, SCLC, Mesas I- IV